Hace años, cuando se crearon las comisiones insulares de urbanismo y de patrimonio, la izquierda isleña llevó a cabo una auténtica cruzada para conseguir que estos organismos fueran como deben ser, es decir, plurales, de forma que garantizaran el respeto al interés común y no pudieran caer en el error de servir a intereses particulares.
Eso ocurrió en 1990, cuando las competencias de urbanismo pasaron a los consells insulars y desde entonces hemos podido comprobar una y otra vez lo necesarias que han sido las discusiones llevadas a cabo en ese organismo para delimitar qué parte del territorio isleño debía protegerse, qué construcciones debían permitirse y cuáles podían o no ser reformadas o modificadas para preservar su singularidad histórica, artística o estilística.
Ahora la cosa puede cambiar. Y lo haría de forma radical. El Govern formado por el Pacte de Progrés ha previsto suprimir las comisiones insulares más polémicas, urbanismo y patrimonio, y quedarse para sí "en manos del conseller de turno" las competencias correspondientes. En teoría el asunto no debería tener mayor importancia, pero en la práctica podríamos temer una pérdida de pluralidad en la futura actuación del conseller en un terreno más que dudoso.
Siempre es exigible la seriedad absoluta y el compromiso con la imparcialidad en un político, pero la realidad se impone y nos demuestra una y otra vez que las tentaciones son muchas y no es difícil caer en ellas. Y eso es aplicable a políticos de todos los colores. Por ello las decisiones trascendentales es mejor dejarlas en manos de un grupo heterogéneo de personas, que representen diversos intereses y tendencias, para evitar que la balanza se incline de un solo lado.