El proyecto estrella del Govern de Francesc Antich, la ecotasa o impuesto turístico, está encontrando más escollos de lo previsto. Quizá el equipo de Antich debería haber tanteado las posibilidades reales de poner en marcha ese proyecto antes de lanzarlo a la opinión pública. De esa forma se habría evitado el espectáculo que estamos presenciando.
Primero el «no» rotundo con que se encuentra el Ejecutivo autonómico cada vez que plantea quién va a cobrar el hipotético impuesto. Las previsiones iniciales apuntaban a tres sectores: aeropuertos, hoteles y empresas de alquiler de coches. AENA, entidad que gestiona los aeropuertos españoles, acaba de anunciar que se niega en redondo a ceder sus instalaciones para que se lleve a cabo el cobro de esa polémica tasa. Y la Federación Hotelera mallorquina "es de suponer que las de Eivissa y Menorca irán en la misma dirección" ya ha manifestado su disconformidad con la medida. Faltan los «rent a car» que, de seguro, tampoco estarán contentos con la idea.
Pero eso no es todo y las cosas no sólo se le complican a Antich en el entorno turístico, sino también en su propia casa. Porque dos de los partidos que forman parte del Govern "Esquerra Unida y Els Verds" han exigido que la ecotasa sirva únicamente "si algún día llega a hacerse realidad" para invertir en política medioambiental, negándose a apoyar el proyecto si se utiliza para la rehabilitación de espacios turísticos, tal como propone el conseller del ramo, Celestí Alomar. Lo peor del caso es que EU y Els Verds han hecho pública su postura a través de un manifiesto presentado ante el Parlament. Es decir, con luz y taquígrafos, en lugar de hacerlo en el seno del propio Govern, en privado, como deben discutirse las diferencias internas de un Gobierno.