Los empresarios hoteleros de Balears acaban de advertir al Govern de Francesc Antich de que el proyecto de implantación de una ecotasa para los turistas que nos visitan cada año es un error político y rechazan de forma rotunda que el impuesto pueda cobrarse a través de sus empresas. Probablemente tengan razón.
Y no porque sea un error pensar en recaudar dinero para proteger nuestro valioso medio ambiente o para mejorar las infraestructuras necesarias para sostener el negocio turístico en plena marcha, sino porque el planteamiento elegido por el Govern para explicar su proyecto no ha sido el más indicado y se está confirmando como un camino plagado de obstáculos.
Quizá el error sea la génesis de este proyecto, basándose en crear un nuevo impuesto aplicable a los visitantes en puertos y aeropuertos, por ejemplo. El problema es que no se puede gravar con ese impuesto sólo a los turistas y deberán abonarlo todos los ciudadanos que cojan un barco o un avión, sean o no residentes. Este sistema nos perjudica a todos.
La recaudación por vía hotelera choca con el rechazo de los empresarios, que ya declaran un IVA turístico "que suma casi veinte mil millones al año en Balears", pero que al ser un impuesto estatal va a parar a las arcas de Madrid.
La solución perfecta consistiría en que ese dinero recaudado en Balears revertiera en inversiones para las Islas. En esta línea se mueve Unió Mallorquina, que ya ha expresado sus reservas respecto a la ecotasa. Por otra parte, habría que buscar otra vía que obligue al sector turístico a colaborar económicamente en la preservación de nuestro medio ambiente, del que tanto se beneficia.
Al margen de ello, Antich y su equipo lo tienen difícil y, si todo sigue por la misma senda, lo más probable es que se vean obligados a renunciar a un proyecto tan confuso como inviable.