En vísperas de unas elecciones los partidos políticos se reservan informaciones valiosas para lanzar a la opinión pública de cara a llenar las urnas con votos a su favor. Nada tiene de extraño. Lo que sí tiene mucho de extraño es el asunto que se destapó ayer desde Eivissa en referencia a los vuelos interislas. La presidenta del Consell Insular pitiuso, Pilar Costa, atacó al partido en el Gobierno porque, según dijo, acababa de negar la declaración de interés público para el transporte aéreo entre las Islas y entre éstas y la Península, tal como lo ostenta Canarias, lo que abarataría el coste de los vuelos y además garantizaría su continuidad.
La noticia, claro, era una bomba, puesto que demostraba un supuesto desprecio del Gobierno central hacia los intereses de los residentes en Balears, especialmente para ibicencos y menorquines. Lo que ocurre es que tal noticia debía matizarse. Así lo hizo saber horas después el propio Ministerio de Fomento "responsable de transportes", que negó cualquier decisión en ese sentido, aclarando además que la declaración de servicio público debe ser aprobada por la Unión Europea.
El informe en que Costa basaba sus acusaciones contra el Gobierno procedía del Ministerio de Industria, del que depende el SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), propietario de la compañía Iberia. Es decir, era la opinión de una parte interesada y no el dictamen del ministerio competente. Agrava la situación el hecho de que el Consell Insular d'Eivissa i Formentera tenía en su poder el informe desde el pasado 2 de marzo y esperó al cierre de la campaña electoral para hacerlo público, cuando, de ser cierto, hubiera interesado, y mucho, a todos los ciudadanos de estas Islas, y habría tenido que ofrecerlo a la mayor brevedad.
El asunto es de la máxima importancia y quizá no sea éste el momento más adecuado para debatirlo en profundidad y con el rigor exigible. Esperemos que se aclare el panorama político tras el 12-M y retomemos el asunto con la mayor seriedad y serenidad.