El caso del presunto espionaje informático del anterior Govern del PP, presidido por Jaume Matas, al entonces presidente de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, el socialista Francesc Quetglas, está ya en manos de los tribunales, después de que el Ejecutivo autonómico de Francesc Antich haya presentado la pertinente denuncia ante el juzgado de guardia. De confirmarse el desvío de esta información a la que tuvo acceso un funcionario de Presidència durante dos años, estos hechos serían sumamente graves y la Justicia debe actuar contra quienes pudieron haber cometido un acto delictivo. Matas ha negado cualquier participación en estos hechos, y la empresa responsable del servidor de Internet del Govern, Bitel, no se ha manifestado claramente sobre este espinoso asunto. Resultaría enormemente clarificador que declarara si se produjo alguna deficiencia técnica que originara la desviación o si ésta sólo pudo deberse a una intervención completamente voluntaria, hecha o no en Bitel. Ahora bien, en el supuesto de que se tratara efectivamente de espionaje, llama poderosamente la atención que se hiciera como una auténtica chapuza, dejando comprometedoras pruebas en la sede del Govern una vez perdidas las elecciones. Y por si fuera poco, el ordenador en el que se recibía la información procedente de Quetglas estaba justo al lado del despacho de Jaume Matas. Es evidente que no parece el sitio más adecuado para algo secreto o que se quiera ocultar. Si añadimos a ello que recibe los documentos un funcionario, no un asesor ni un político, se nos ofrece una visión realmente esperpéntica.
Si existen responsabilidades en todo este turbio asunto, deben ser depuradas y castigados penalmente los responsables de esta turbulenta historia, aunque evidentemente hay demasiados puntos oscuros que alguien debería aclarar.