La decisión exclusivamente empresarial de Iberia de suplantar en los trayectos interislas los reactores por aviones turbohélices continúa trayendo quebradores de cabeza a los ciudadanos de las Islas, que ahora han visto y comprobado que la poca capacidad de carga supone un retraso importante en el transporte de su correspondencia. Los ciudadanos a título particular y la Unión de Consumidores de España en nombre de todos han hecho pública su queja y esperan impacientes que algunos de los numerosos puntos que contradicen los argumentos de la compañía pública para el cambio de aeronaves sea la gota que colme el vaso y suponga el retorno de los aviones de más capacidad y comodidad al servicio más utilizado en el aeropuerto de Eivissa. No es de recibo que una causa tan absolutamente evitable tenga siquiera la más mínima incidencia en uno de los servicios que mayor protección y mimo debe recibir por parte de los estamentos administrativos, que aún tienen mucho que decir en aspectos como la forma de llevar a cabo las conexiones y los transportes en el territorio geográficamente más vulnerable. Sobre todo, desde el momento en el que las empresas públicas tienen la obligación moral de cumplir determinados deberes, aunque vayan en contra del espíritu de rentabilidad de las privadas. Que el correo quede en tierra por la falta de capacidad de los aviones dice poco en favor de la consideración que merece este servicio. Iberia, sin embargo, continúa sin modificar un ápice su propia línea de funcionamiento, a pesar de que la sociedad de las islas demanda un trato diferenciador que suponga un reconocimiento de su propia idiosincrasia. El correo no es sino parte de este trato. No en vano, la existencia de Balears supone un importantísimo negocio para la compañía que ésta parece no querer reconocer.
Editorial
Correo sin garantía de embarque