Al fin se produce una buena noticia en torno a la actitud política frente al terrorismo. El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, recibió ayer a una delegación del Partido Socialista, a la que debía informar acerca de la lucha contra ETA. Sin embargo, la reunión fue más allá y, además del lógico intercambio de información, el encuentro se prolongó durante cuatro horas y acabó en un diálogo fluido y en un exhaustivo análisis de la dura realidad que vivimos.
De esta primera toma de contacto con los grupos parlamentarios se han derivado algunas conclusiones importantes: la primera de ellas ha sido un pacto PP-PSOE para que el marco que acoja el proceso de paz en Euskadi sea el de la Constitución y el del Estatuto de Guernica, que ahora mismo son las leyes supremas que rigen allí.
Las fuerzas nacionalistas habrán acogido la noticia con el alma encogida, pues significa cerrar de un portazo la puerta al reclamado derecho de autodeterminación. Claro está que la idea era más que previsible en dos partidos "mayoritarios y de enorme fuerza en el País Vasco" de carácter centralista que jamás verían con buenos ojos la remota posibilidad de la independencia de cualquier región española, aspiración que sostienen "aunque utópicamente" el PNV, EA y Euskal Herritarrok.
Otra de las conclusiones de peso ha sido el acuerdo para considerar el terrorismo como cuestión de Estado, de forma que se afronte desde el Estado y con las armas que el Estado tiene en su poder. O sea, que Madrid lleve la voz cantante en la lucha contra ETA, contando siempre con el apoyo y la solidaridad de los partidos representados en el Parlamento. Una primera experiencia que deja a los nacionalistas prácticamente fuera del juego en un asunto en que también tendrán mucho que decir.