El president del Govern balear, Francesc Antich, y el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, alcanzaron ayer un acuerdo que pone fin al enfrentamiento motivado por los problemas de los recursos hídricos en la Comunitat Autònoma. Finalmente parece haberse impuesto el sentido común y el Gobierno central acepta adelantar inversiones para mejorar las infraestructuras precisas, mientras que el Ejecutivo autónomo contempla la posibilidad de que se construyan dos nuevas desaladoras, eso sí, siempre y cuando sea absolutamente preciso.
El asunto del agua, por desgracia, ha sufrido a lo largo de los últimos meses una excesiva politización, lo que ha repercutido, sin lugar a dudas, negativamente en los ciudadanos, que lo que precisan de los responsables políticos es que resuelvan los problemas, no que los generen.
Y, desde Madrid, se ha pretendido, utilizando como argumento las ayudas económicas para financiar las inversiones necesarias, gestionar actuaciones que corresponden realmente a la Comunitat Autònoma y, por tanto, al Govern, que es el que tiene las competencias en esta materia.
Por fortuna, se aprecia un cambio de actitud, tras la entrevista del president y el ministro de Medio Ambiente, que posibilitará, al margen de los convenios que puedan suscribirse, la creación de un protocolo de actuaciones urgentes para resolver las principales carencias de Balears.
En este sentido, hay que contemplar con esperanza la vía abierta al diálogo entre instituciones gobernadas por partidos políticos de distinto signo, que se haya puesto punto final a la «guerra del agua» y esperar que esto se traduzca en un futuro inmediato en actuaciones concretas para paliar los efectos que padecemos a causa de la falta de agua o de la salinización de los acuíferos.