La última subida del precio de los carburantes por parte de Repsol y Cepsa ha vuelto a originar una oleada de protestas por parte de organizaciones de consumidores, pescadores, agricultores y transportistas. Se trata de una reacción lógica, debido a que este último incremento ha sido muy pronunciado y que, además, se produce en un momento en el que el precio del barril de crudo no está aumentando, lo que hace muy difícil que podamos entender las razones que han llevado a la petroleras a poner a los usuarios en pie de guerra. El Gobierno, una vez más, no parece reaccionar ni con la debida celeridad ni con el debido acierto y, por si algo faltara, el secretario general del PP, Javier Arenas, sigue defendiendo que el gravamen fiscal de los hidrocarburos en España es el más bajo de Europa, aunque Aznar aseguró comprender que se produzca «mal humor» en los ciudadanos a causa de los permanentes aumentos. Pero el problema de fondo es que el mercado en nuestro país depende de las decisiones de un monopolio de hecho que no parece atender a otras razones que no sean el incremento de las propias arcas, aunque a los ciudadanos cada vez les cueste más todo cuanto tenga que ver con el transporte. Todos tenemos aún en el recuerdo el caos vivido en Mallorca por el bloqueo de los depósitos de la Compañía Logística de Hidrocarburos y es preciso que se eviten a toda costa coyunturas semejantes. Pero hay que reconocer que las petroleras parecen querer poner las cosas cada día más difíciles. Y, mientras tanto, el Gobierno de Aznar se limita a echar balones fuera y dar por buenas unas negociaciones y unos acuerdos que no contemplaban el último incremento. Empieza ya a ser necesario que se adopten medidas concretas y eficaces para no padecer nuevas subidas realmente incomprensibles.
Editorial
Una subida incomprensible