Lo que en su día fue una medida polémica del Gobierno "la decisión de indultar al juez Javier Gómez de Liaño tras ser condenado por prevaricación" promete convertirse en un asunto de mayor calado, que pondrá en evidencia las fricciones que el caso ha desatado entre el poder ejecutivo y el poder judicial. El Tribunal Supremo, en una decisión sin precedentes, ha optado por rechazar el indulto gubernamental, alegando que Liaño no puede ser rehabilitado en la carrera judicial porque su condena ha sido ya ejecutada y eso iría en contra de la propia Ley de Indulto.
No ha sido, de todas formas, una postura unitaria, pues ocho de los jueces del alto tribunal han votado en contra del indulto y otros seis se han manifestado a favor. Se trata, además, de una paradoja difícil de comprender, porque el Supremo acepta el indulto "no le queda más remedio, pues es el Ejecutivo quien tiene esa potestad", pero decide no aplicarlo por creer que no se ajusta a la legalidad. Y ahí está la dificultad del caso, pues la condena de Gómez de Liaño le inhabilitaba en sus funciones de juez y el indulto anula esa condena, lo que implica la reintegración del sentenciado a su carrera.
Como es natural, la reacción del Gobierno no se ha hecho esperar y ya ha anunciado "aunque con prudencia, a la espera de que se haga pública la resolución del Supremo" que defenderá la potestad de conceder indultos que le otorga la Constitución. Una sala especial, formada por magistrados del Supremo y miembros del Consejo de Estado, podría dilucidar una solución al conflicto, aunque ya ha quedado claro que la clase judicial "casi todas las asociaciones de jueces se han mostrado satisfechas con la decisión del Supremo" no quiere que el poder ejecutivo se inmiscuya sus competencias y pueda anular una decisión, ya ejecutada, que no sea de su gusto.