Después de mucho hablar sobre la remodelada ley de extranjería, el texto aprobado por el Parlamento de la nación gracias al apoyo del Partido Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria entra hoy en vigor, seguramente poniendo los pelos de punta a más de uno. Se trata de una normativa restrictiva, que no afronta el fondo del problema y que opta por la solución policial "la expulsión" para intentar resolver una situación que se ha desbordado en los últimos meses. Es cierto que España está recibiendo a diario a inmigrantes que llegan con lo puesto con la esperanza de iniciar una vida mejor, y también es verdad que muchos de ellos llegan engañados por las mafias organizadas que se aprovechan de la situación. Por eso era necesario regular las cosas y poner límites férreos a la actuación de estas redes ilegales.
Sin embargo, es dudoso que este texto pueda conseguirlo. Lo que sí logrará, en cambio, es arrancar de cuajo a miles de personas algunos de los derechos fundamentales que tienen por vivir en un país democrático, humanitario y justo. La educación, la sanidad, la vivienda y el trabajo les serán negados a estas personas por el mero hecho de no tener los papeles en regla, además del derecho a la reunión, la manifestación o la sindicación, aunque está claro que ante la amenaza de una expulsión inmediata pocos tendrán ganas de manifestarse para ponerse al alcance de la policía.
Lo peor de esta cuestión es que, al ponerles fuera de la Ley, los inmigrantes «ilegales» quedan condenados a la marginación, lo que les hará fáciles presas de las mafias delictivas. Nada se soluciona, pues. Al contrario, cada día seguirán llegando a nuestras costas y, mientras muchos empresarios reclaman mano de obra "que nuestros parados no quieren aprovechar", los que necesitan perentoriamente un trabajo y una vida dignos se ven condenados al ostracismo.