Los grupos políticos con representación en el Parlament han decidido dejar en suspenso la propuesta de conceder pensiones vitalicias a los ex presidentes autonómicos y de la Cámara balear por considerarla demasiado polémica. Se trata, desde luego, de una idea difícil de hacer llegar a la ciudadanía, por cuanto supondría que un político que haya ejercido alguno de esos cargos durante una legislatura "cuatro años" tendría derecho a cobrar durante toda su vida y a partir de la edad de jubilación una paga equivalente al 80% de su sueldo, el primer año, y del 40% los restantes años. Algo desproporcionado en relación al tiempo de cotización, al menos si lo comparamos con las condiciones de pensiones que rigen para el resto de los trabajadores que, reforma tras reforma, se enfrentan a requisitos más restrictivos para lograr una pensión.
Quizá este planteamiento haya paralizado tal propuesta. No en vano se redactó en 1989 y desde entonces no ha encontrado el eco necesario para que sus señorías le den vía libre. Por el momento será mejor así, puesto que partimos de la base de que los políticos que alcanzan tan altas cotas de responsabilidad están en condiciones de reincorporarse a la actividad privada como cualquier otro ciudadano y seguir trabajando para asegurarse una pensión en el futuro. El error de algunos políticos es olvidar, precisamente, que su permanencia en los cargos debe ser limitada en el tiempo y que en algún momento se cerrará el grifo del dinero público.
Por supuesto que durante sus años de función pública también habrán cotizado y, ya que los ingresos suelen estar muy por encima de la media, también su aportación a su futura pensión será elevada. Lo demás, los privilegios o las excepciones, difícilmente serían comprendidos por un electorado que a sus representantes les piden, por encima de todo, dedicación y honestidad y que sean muy escrupulosos a la hora de proponer más gastos en beneficio de los políticos a costa de los presupuestos públicos.