El presidente del Parlament, Maximilià Morales, en la Junta de Portavoces, tuvo que intentar poner un poco de orden en una situación en la que parecen saltar chispas entre el Pacte de Progrés y el Partido Popular, única fuerza política de la oposición. El detonante de la crispación actual parecen ser los resultados de las auditorías realizadas por el Govern que muestran irregularidades en la gestión de los anteriores Ejecutivos en manos entonces de los conservadores. Esto, tras la renuncia de la consellera Ramon a raíz de que se diera a conocer el contrato blindado de Felio Morey, ex gerente del Parc Bit.
Es evidentemente necesario y positivo que afloren todos aquellos asuntos que han empañado o empañan la gestión pública, y que se depuren, en caso de que existan, las responsabilidades de quienes han tenido o tienen a su cargo tareas de gobierno. Pero esto no es en absoluto justificación suficiente para que se alcancen los niveles de enfrentamiento a los que se ha llegado. Y, mucho menos, para que se descienda al terreno del insulto y la descalificación personales.
Tales espectáculos, basados en la obcecación, el revanchismo y la intolerancia, contribuyen a un deterioro notable de la imagen, ya de por sí devaluada, que tiene el ciudadano de la actividad política.
No obstante, por encima de las formas, está la honestidad. Hay que aclarar cuanto se ha hecho en el pasado, contrastando adecuadamente lo denunciado en las auditorías y llegar hasta el fondo. La ciudadanía tiene todo el derecho a que le garanticen que se ha hecho un uso escrupuloso del dinero público. Y exigir que los actuales gestores no incurran en las prácticas irregulares que ahora denuncian. Lamentablemente, en el caso de las preguntas parlamentarias al Govern "para lucimiento de los consellers", los diputados del Pacte no sólo han seguido el ejemplo del PP sino que incluso lo han elevado hasta cotas inadmisibles, lo cual no ayuda a reducir la crispación que se vive en el Parlament.