El Govern de les Illes Balears va a solicitar informes jurídicos sobre las auditorías que ha realizado de la gestión llevada a cabo en las épocas en que el Ejecutivo autonómico estaba en manos del Partido Popular por si existen en las mismas indicios de que se haya podido cometer algún delito. Hasta aquí, perfecto, pero resulta cuando menos chocante que exista división de opiniones en el seno del Govern sobre si debe o no recurrirse a los tribunales. De hecho, si hay indicios de delito por parte de los anteriores gestores de nuestra Comunitat Autònoma, la obligación de los miembros del Govern del Pacte de Progrés es poner en conocimiento de los jueces los hechos para que éstos actúen y apliquen la ley. No se trata, por tanto, de una cuestión que pueda interpretarse únicamente en clave política: se trata de un deber legal y de responsabilidad ante la ciudadanía. Otra cosa es que existan discrepancias y divergencias sobre los modos y maneras de gestionar la actual «guerra de las auditorías», no olvidando, por otra parte, que la crisis del contrato blindado del director general del Parc-Bit y la dimisión de la consellera Ramon han arrojado algunas sombras sobre la actuación del Ejecutivo.
Antes de llevar las auditorías a la Fiscalìa o al juzgado de guardia hay que ser consciente de la importancia de la decisión adoptada. Hay que ir a los tribunales asumiendo la responsabilidad que ello conlleva. Y sin pretender únicamente el desgaste político. Poner en marcha la maquinaria judicial sin la absoluta convicción de que hay materia punible es una temeridad política que puede volverse en contra.
Por todo ello, es positivo que el Govern haya puesto en manos de sus asesores jurídicos el asunto para que estudien los informes. Sólo tras un detallado análisis de la documentación, se podrá adoptar una decisión responsable, en uno u otro sentido. Si realmente hay indicios suficientemente probados de que se haya vulnerado la Ley, deberá intervenir la Justicia.