El Gobierno aprobó ayer por decreto la reforma laboral después de que sindicatos y patronal no alcanzasen un acuerdo tras más de ocho meses de negociación, lo que pone en evidencia que ambas partes no han sabido renunciar a parte de sus aspiraciones para conseguir el objetivo final de una mayor estabilidad en el empleo y lograr una reducción de la temporalidad. Ante la imposibilidad de conseguir un consenso similar al de 1997, no quedaban muchas opciones. El Gobierno ha optado por el camino de en medio. Es decir, ha hecho su reforma ensamblando propuestas de los sindicatos con propuestas de la patronal. Y no ha contentado a nadie, y menos a la oposición. El PSOE ya ha dicho que Aznar ha dado en este asunto muestra de su talante «autoritario e inflexible».
Entre las medidas más destacables de la reforma, se encuentra la reducción de la indemnización de los trabajadores con contrato fijo a 33 días (como pedía la patronal) y la implantación de ocho días de indemnización por año trabajado en los contratos temporales (como pedían los sindicatos). En lo que se refiere a los fijos discontinuos, una figura laboral importante en Balears, éstos se verán afectados por la medida del Gobierno que elimina el límite máximo del 77 por ciento de la jornada laboral, es decir, unos nueve meses, para los contratos a tiempo parcial, con lo que puede darse el caso de que éstos trabajen más meses y puedan cobrar el subsidio de desempleo sin tener que pasar necesariamente a ser fijos como sucedía antes.
No faltará quien diga que esto no es una auténtica reforma laboral. Realmente, ¿es ésta la reforma del mercado que necesita el país para reducir el paro, dar más estabilidad a los puestos de trabajo y ofrecer más oportunidades a los jóvenes? Todos los partidos deberían reflexionar sobre esta cuestión y plantearse la necesidad de un gran pacto para establecer unas nuevas reglas de juego en las que se compaginen las iniciativas de los empresarios con los derechos de los trabajadores.