El pasado 27 de febrero se cumplió el 25 aniversario de la creación de la República Àrabe Saharaui Democrática (RASD), que nació con la pretensión de ser un Estado independiente. Ese momento coincidió con el abandono de la presencia española en la zona y con los primeros enfrentamientos entre el Frente Polisario y Mauritania y Marruecos, países que consideraban como propias la mayor parte de las tierras del Sáhara.
La RASD ha sido reconocida por ochenta y tres Estados, entre los que no se encuentra España. Uno de los motivos de este no reconocimiento sería la ejecución de determinadas acciones terroristas llevadas a cabo por el Frente Polisario, y también habría razones de tipo político, como las buenas relaciones de nuestro país y de Francia con Marruecos.
Tras años de guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, a consecuencia de la cual miles de saharauis viven en campos de refugiados como el argelino de Tindouf, en 1998 las dos partes enfrentadas acordaron aceptar el plan de paz elaborado por Naciones Unidas y por la Organización para la Unidad Africana que preveía un alto el fuego, el acantonamiento de las tropas marroquíes y del Polisario, el cierre de listas electorales, el control de la zona por la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum) y la celebración de un referéndum de autodeterminación. El desacuerdo sobre quiénes tienen derecho a votar ha ido posponiendo la celebración del referéndum.
Ahora, la zona se encuentra en una situación prebélica que puede desembocar en guerra abierta en cualquier momento. El Gobierno español, que en otros conflictos ha intervenido con éxito, debería mediar de algún modo para evitar que el sufrimiento que ya han padecido miles de personas sea sólo el preludio de más dolor y muerte.