El reclutamiento de soldados profesionales para cumplir con los objetivos previstos por el Gobierno a la hora de formar el nuevo Ejército español está resultando más difícil de lo imaginado. Se ve que las condiciones que se ofrecen no son todo lo atractivas que podía esperarse, puesto que el Ministerio de Defensa no consigue llenar el cupo establecido. Así las cosas, el Gobierno se ha visto obligado a rebajar las condiciones de entrada en el Ejército que inicialmente se impusieron y ahora baraja también la posibilidad de adoptar el modelo norteamericano, u holandés, donde las Fuerzas Armadas dan cabida a extranjeros.
La idea puede parecer lógica y hasta saludable, si tenemos en cuenta que este país es hoy una realidad plural y su Ejército debe serlo igualmente. Pero esta imagen igualitaria, justa e idílica no se corresponde con la verdadera, como suele ocurrir.
Porque ocurre que un Gobierno como el del Partido Popular ha sacado adelante una ley de extranjería que niega a los inmigrantes algunos de los derechos básicos de todo ciudadano, como es el de reunión y sindicación. Y ese mismo texto convierte en una misión casi imposible obtener la ciudadanía española a cualquier extranjero que se instale entre nosotros.
Por eso resulta cuanto menos sorprendente utilizar a esos mismos extranjeros para realizar las tareas que en el Ejército español no quieren llevar a cabo los españoles. Si nos hacen falta, si son necesarios para el país, perfecto, que se les garanticen sus derechos y también cumplan sus obligaciones con el país de acogida. Lo que no podemos hacer es utilizarles sólo para aquello que nos conviene y al mismo tiempo desentendernos de sus derechos. Si el PP quiere un Ejército moderno y plural, tendrá que admitir ciertos cambios en la ley que tanto ha promocionado.