El Gobierno prepara un nuevo plan de lucha contra la violencia doméstica que parece no contar con el apoyo de los socialistas, quienes consideran que las medidas contempladas en el borrador del texto no responden a la demanda social ni da soluciones a lo que ya consideran «el mayor problema del país». No exageran al calificarlo de tal manera, puesto que cada año mueren en España sesenta mujeres asesinadas de forma brutal por sus compañeros, un número de víctimas que supera con creces a las del terrorismo, aunque aún no nos hayamos concienciado de ello.
El asunto es grave, gravísimo, y se asienta sobre bases arcaicas y sobre actitudes absurdas, difíciles de entender hoy en día. Acaba de producirse estos días una sentencia más que polémica, en la que un juez impone al violador de una niña la pena mínima sólo porque ella no era virgen cuando fue asaltada. Lo curioso, por no decir dramático, es que hechos como éste no generan la inmediata reacción de las instancias judiciales superiores. Se dejan pasar porque en muchos ámbitos de la vida social todavía se tiene la creencia de que las mujeres agredidas «se lo han buscado». Por eso hay mucho por hacer y por decir y todas las decisiones deben ser valientes, tajantes, sin medias tintas, destinadas única y exclusivamente a proteger a la víctima y a reeducar a hombres, mujeres y niños en el respeto a la igualdad.
Y ello sólo puede lograrse con herramientas globales, con un pacto de Estado que abrace a todas las instituciones, que cuente con todos los puntos de vista y tenga en cuenta todas las opciones. El Gobierno no parece verlo así, pues algunas comunidades autónomas se lamentan de que ni siquiera han podido intervenir en la redacción del borrador. Y, mientras, tenemos que «tragar» cómo un muchacho agrede en directo a una mujer en televisión en uno de los programas con mayor audiencia. Inaudito.