El Tribunal Constitucional ha decidido levantar la suspensión de los artículos de la ley de consells que el Gobierno de Madrid había recurrido. Con esta medida, los órganos insulares podrán, de momento, organizarse según lo previsto en la ley autonómica, aunque quedarán en espera de la resolución final del alto tribunal, que resolverá la constitucionalidad o no de los puntos más polémicos. La noticia es positiva, por cuanto respalda una norma surgida del Parlament balear, que representa los intereses de todos los habitantes de este archipiélago.
La ley pretendía dotar a cada uno de los consells de una autonomía amplia, con grandes competencias y dotación económica. Ahora cada isla podrá cumplir sus objetivos sin tener que depender de las instrucciones del Consolat de la Mar.
Los políticos del Pacte de Progrés han manifestado su alegría por el triunfo sobre las tesis centralistas de Madrid, aunque habría que tomar las cosas con calma, pues en su resolución el propio Tribunal Constitucional aclara que la suspensión podría volver a decretarse en caso de un fallo en ese sentido. Por ello se impone la prudencia. No hay que olvidar que expertos en la materia han destacado la posible falta de base jurídica en la que apoyar la nueva estructura de los consells. Actuar como un gobierno autonómico a nivel insular pero sin dejar de ser una corporación local encierra algunas dificultades. Sin embargo, lo que importa es lo que se pretende: acercar el gobierno a cada isla. El sistema legal que se utilice debe ser secundario siempre que se respete el principio de legalidad. En este sentido, es importante que el Tribunal Constitucional declare que debe prevalecer la presunción de legitimidad de la ley autonómica.
A la espera de la decisión final del Alto Tribunal, estamos sin duda ante un gran triunfo de las instituciones insulares, que podrán a partir de ahora actuar como un auténtico Govern. Cada isla está de enhorabuena.