A lo largo de este pasado verano setenta instituciones, asociaciones y colectivos de las Islas han estudiado las consecuencias "negativas" que para los habitantes del Archipiélago conlleva la insularidad. Las conclusiones a las que han llegado son las que cualquier ciudadano podría aportar: en resumen, que estamos discriminados. Por eso el president Francesc Antich va a pedir un apoyo general al Régimen Especial de Balears, para que se cumpla en su totalidad, de forma que se puedan paliar en buena parte los efectos negativos de la insularidad. Y la responsabilidad de darle la importancia que tiene corresponde al Gobierno central, que, además, asumirá la Presidencia de la Unión Europea el próximo enero, por lo que la oportunidad de luchar en ese sentido sale aún más fortalecida.
No es un problema único de Balears. Otras regiones insulares europeas sufren las mismas consecuencias en cuanto a subidas de precios, problemas de transporte, falta de infraestructuras... de forma que una acción conjunta para toda la UE resulta obligada y no estaría de más que España encabezara esa cruzada.
Sin embargo, hasta hoy han tenido poco eco en Madrid las protestas baleares, porque allí alegan que el alto nivel de vida de las Islas compensa cualquier otra deficiencia, lo que queda desmentido con el dato que aporta el Govern: el Gobierno central debería invertir aquí más de 216.000 millones si se desarrolla plenamente el REB. Una cifra nada desdeñable que, por ley, nos corresponde y no hay más que contemplar el panorama energético en las Islas "el gasoducto no llega y el suministro eléctrico está al límite" para percatarse de que las inversiones son necesarias. Así que Antich debe contar con ese apoyo social que reclama para exigir nada más y nada menos que lo que es nuestro.