Después de una prolongada luna de miel entre socialistas y populares, se ha producido una «pelea» que pone en entredicho el proceso de renovación de cargos en los órganos constitucionales. La discusión ha sido sonora y sonada, porque Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía "ahora respaldado por todo el Gobierno", acusó al PSOE nada menos que de «chantaje» y se negó después a rectificar sus duras palabras por considerar que son «la verdad». Así las cosas, los socialistas se han cerrado a la posibilidad de firmar el acuerdo que estaban negociando mientras no se pida perdón. Una actitud ciertamente pueril que, en el fondo, esconde quizá otras motivaciones más pragmáticas, pues a nadie se le escapa que la presencia de cargos del PSOE en las instituciones constitucionales "Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas" es francamente favorable a sus intereses políticos.
El caso es que la trifulca parlamentaria ha servido para salpicar acusaciones de unos a otros y mientras el PSOE intenta implicar a Rato en el escándalo de Gescartera, los populares le responden sacando a relucir el feo asunto de los fondos reservados, ahora en juicio.
Tras unos meses de descanso y tranquilidad, la vida política española vuelve a enrarecerse y al diálogo constructivo le suceden nuevamente el enfrentamiento, la descalificación y el ambiente propio de un patio de vecinos mal avenidos.
Como suele ser aconsejable en estos casos, cabe recomendar prudencia antes de lanzar acusaciones de tal magnitud contra un rival político y, a la vez, se debe exigir que, si verdaderamente existen indicios de cualquier delito en uno y otro caso "chantaje o corrupción", se denuncie para que se adopten las medidas pertinentes.