El Gobierno de Madrid acaba de rechazar la idea de declarar de interés público las comunicaciones aéreas entre las Islas y entre Balears y la Península, algo que sí disfruta Canarias. La noticia, claro, ha caído como un jarro de agua fría en el Consolat de Mar, donde consideran que «no es propio de un proyecto justo para España que no se tengan en cuenta las singularidades de ciertas comunidades autónomas». La reacción del Govern es lógica, razonable y correcta, pero al parecer poco se puede hacer para cambiar las cosas.
La Comunitat Autònoma balear arrastra desde hace décadas la etiqueta de «rica» y eso, a la hora de la verdad, es un lastre para el ciudadano de aquí. Cualquiera puede comprender que, en el resto del país los desplazamientos normales por asuntos familiares, comerciales, de estudios, sanitarios se hacen con total fluidez, en coche, autobús, tren o taxi, entre una provincia y otra. Aquí no. Resulta imposible planificar traslados de urgencia porque dependemos de lo que las compañías aéreas privadas tengan a bien programar. El número de plazas en los aviones de horas punta resulta insuficiente y, a otras horas, quedan demasiadas vacantes. Ya padecimos últimamente el cambio de reactores por aviones de hélices, más lentos y con menor capacidad de pasajeros. Ahora se nos dice que el servicio está correctamente cubierto y que sólo en caso de que éste fallara se tomarían las medidas oportunas. Lo cierto es que los últimos acontecimientos internacionales han provocado una crisis sin precedentes en el ámbito aeronáutico y quizá acabe afectándonos a todos. Esperemos que no se llegue a esos extremos pero, de ser así, hay que exigir una intervención inmediata por parte del Estado para que la calidad de vida del ciudadano balear no se resienta.