Esta semana se celebró una nueva reunión de miembros del Govern con el ministro Àlvarez Cascos, que desde el Consolat de Mar se valoró como «tomadura de pelo», mientras que desde el PP balear se opinaba que la reunión había sido fructífera. Lo que se juega en esos encuentros es el futuro de nuestra Comunitat, que, en vista de la deficiente autonomía que tiene, se ve obligada a depender exageradamente de Madrid. Así las cosas, las negociaciones deben afrontarse con un talante luchador, con la disposición de obtener para Balears todos los beneficios posibles. Dadas las circunstancias "la respuesta a las peticiones oscila entre un «no» tajante y un «se estudiará» nada comprometedor", podría entenderse que en La Moncloa no se olvida la derrota del PP. Lamentablemente, salvo unos años, los gobiernos central y de Balears han sido siempre de distinto color político y ello nos ha perjudicado.
Uno de los aspectos más afectados por esta situación es la red viaria. Madrid propone el cumplimiento del protocolo firmado por el Govern Matas, que preveía una inversión de 57.000 millones para crear nuevas autopistas. Algo de lo que no quieren ni oír hablar en el Pacte, que prefieren optar por modelos más compatibles con el medio ambiente. Es obvio que quien debe decidir qué tipo de carreteras deben construirse en Balears es el Govern, y Madrid debe limitarse a aportar la financiación necesaria. Pero han pasado dos años de legislatura y estamos como antes: sin recibir el dinero. Ha llegado el momento de que ambas admninistraciones hagan un esfuerzo para salir del impase: primero, trasfiriendo las inversiones de los proyectos no conflictivos; y segundo, superando la disyuntiva autopistas sí-autopistas no. Lo que la ciudadanía quiere son carreteras que sean seguras y capaces de absorber el tráfico actual. Ante esta demanda el Govern debería actuar con inteligencia y cuadrar el círculo: sin renunciar a su filosofía debe impulsar, con criterios realistas y funcionales, las carreteras que Balears necesita. Y que pague Madrid.