Un año atrás Balears vivió un sonado escándalo a raíz de la noticia de que diversos organismos, entre los que se encontraban tanto patronales como sindicatos, habían hecho un uso presuntamente indebido de las subvenciones de la Unión Europea a los cursillos de formación. El asunto se puso en manos de investigadores que debían establecer si, en efecto, se habían cometido faltas que derivaran en sanciones. Pese al ruido inicial, parece que no ha habido novedades en el asunto, o al menos no han trascendido.
Y llama la atención, porque precisamente ahora una noticia parecida salta a la luz: el Inem reclama trescientos mil euros a las empresas especializadas en Balears en este tipo de cursos por presuntas irregularidades, ya que se cobraron las subvenciones europeas y los cursillos ni siquiera llegaron a formalizarse.
Al ciudadano de a pie, que soporta cargas impositivas elevadísimas para sostener una enorme pirámide de burocracias "desde su ayuntamiento hasta el Consejo Europeo, pasando por consells insulars, Govern autonómico y Gobierno nacional", le resulta increíble que su dinero se acabe diluyendo en triquiñuelas y trampas que benefician únicamente a entidades que cometen estas irregularidades a sabiendas.
La opinión pública exige explicaciones y no sólo eso, sino por supuesto la devolución del dinero indebidamente apropiado, y las sanciones que correspondan. De momento el tiempo pasa y sólo se han resuelto tres de las 35 reclamaciones del año pasado y siempre a la baja ateniéndose a que la normativa actual resulta «confusa», y del 14% del dinero que reclamaba Intervención se ha optado por exigir sólo el 4 por ciento. En casos así, confusa o no, la aplicación de la ley debe ser siempre ejemplarizante.