El caso del adolescente marroquí al que se le negó la entrada en el centro de menores del Consell Insular el pasado 7 de enero y que fue denunciado en los juzgados por CC OO ha puesto una vez más de manifiesto la escasa preparación de nuestras instituciones para afrontar el problema de la inmigración, una cuestión que ha desbordado todas las previsiones tanto en España como en Balears, que hay que recordar es una de las comunidades que cuenta con uno de los mayores porcentaje de inmigrantes de todo el Estado.
La historia de este joven magrebí que llegó a Eivissa solo procedente de Alemania y sin equipaje es la historia de muchos millones de inmigrantes que deambulan por Europa con la única y legítima intención de huir de su país para construirse una nueva vida. En el caso que nos ocupa, la negativa en un primer momento del director del centro de menores de no dejar entrar a un joven del que se desconoce su edad es la negativa de una institución y de una legislación que por desgracia marcha por detrás de los hechos que se suceden día a día de manera vertiginosa.
«La primera medida es el acogimiento. No tenemos por qué llevar a los niños a nuestras casas», denuncian con razón los sindicatos. Con la ley en la mano, este muchacho tenía que haber sido acogido nada más pisar el centro de menores. Es más, el espíritu de estas iniciativas institucionales debe obligar a los responsables de las mismas a cumplir con su objetivo: el de garantizar la acogida del joven. Demostrar si una persona tiene 17 o 18 años tiene que ser simplemente un trámite burocrático posterior y debe ser el trabajo de otros estamentos, no del propio centro de acogida. Lo ocurrido con este joven en Eivissa es el ejemplo de lo absurdo que resulta aplicar una norma en un caso de extrema necesidad.