La temporada turística está a la vuelta de la esquina y las playas de las Pitiüses llegan en un estado ruinoso, después del devastador temporal de noviembre el vivido la última semana. Ha pasado todo el invierno y ha llegado el momento de remangarse las camisas y ponerse manos a la obra.
La Dirección General del Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado que este año sí autorizará la reposición de arena para aquellas calas en peores condiciones, pero la controversia llega cuando los concesionarios del espacio público creen que la cantidad de sedimento es escasa y el número de lugares llamativamente pequeño y cuando, como siempre, los grupos ecologistas se manifiestan contrarios a cualquier acción no natural en un entorno que consideran demasiado castigado por el peso de la afluencia turística. Por lo que se puede ver, el panorama es todo menos sencillo. Se haga lo que se haga, siempre habrá quien quede insatisfecho: si se pone arena en tan solo los lugares señalados por Costas y en las cantidades ya establecidas habrá que malestar entre los empresarios radicados en las calas marginadas; si se pone en todas aquellas para las que se reclama, los ecologistas se harán oír y calificarán las actuaciones de «atentados».
Está claro que la Administración ha optado por una decisión salomónica y esta parece razonable puesto que no se puede negar que sus técnicos han estado sobre el terreno de la situación en la que se encuentra el litoral, pero queda todavía sin resolver una cuestión sobre la que se vuelve año tras año: cómo tiene que preservarse la costa de forma que no haya que afrontar el problema como si fuera nuevo. El temporal de noviembre desnudó las playas de las Pitiüses, pero, por encima de todo, sacó a la luz de que, pese a los años, no hay todavía un plan racional y definitivo para que las respuestas a estos problemas sean autonómicas y justas.