La campaña electoral que llevó a Jesús Gil a la Alcaldía de Marbella en 1991 se basaba en la promesa de «limpiar» la localidad malagueña de la «plaga» de delincuentes que la acechaban, como destino turístico de altos vuelos. Hoy, once años después, todavía se registran seriales de aquella famosa «cultura del pelotazo» que tanto se puso de moda en los ochenta. La Justicia envía a la cárcel al polémico alcalde y empresario, por delitos de falsedad y malversación que le permitieron incrementar su ya amplio patrimonio en más de cuatro mil millones de pesetas.
Una vez más, cuando todos los ciudadanos empezamos a pensar en la declaración de la renta que ya está a las puertas, las noticias nos hablan de los que realmente tienen dinero, y mucho, y de los grotescos tejemanejes que llevan a cabo para eludir la legalidad.
El abogado de Gil habla de una «guerra a muerte» entre su cliente y la Fiscalía Anticorrupción, algo lógico si tenemos en cuenta los cargos de que se le acusan. Aunque tampoco es una situación nueva para el empresario, pues ya hace más de treinta años, en 1969, pisó una prisión por primera vez, tras la muerte de 58 personas en el derrumbe de un edificio que él había construido. Un indulto del mismísimo Franco le liberó poco después, pero en 1999 volvía a la cárcel por el célebre «caso camisetas».
Lo triste de todo este asunto, al margen de la situación personal de este individuo, es que, ante los ojos de la opinión pública, se extiende la sensación de que en este país todo el que puede comete cuantos delitos de guante blanco se le antojan con tal de acaparar miles de millones. Desde políticos a banqueros, las primeras páginas de los diarios españoles no han dejado de engrosar la larga lista de los aficionados al «pelotazo».