Ya se veía venir que el órdago de los sindicatos al Gobierno exigiéndole la retirada total de la reforma por desempleo que promovía bajo la amenaza de una huelga general no podía traer nada bueno. Y así ha sido. El presidente del Gobierno, José María Aznar, poco amigo de este tipo de presiones, ha optado por dar un golpe más fuerte todavía y dejar sentado quién dirige este país, decidiendo tramitar la nueva norma por la vía del decreto, eludiendo así la posibilidad de que la oposición discuta la norma en el Congreso y presente sus enmiendas y consideraciones, algo importante si tenemos en cuenta que representan la voluntad de millones de ciudadanos.
Por lo que respecta a nuestras islas, lo cierto es que la redacción de la normativa resulta confusa y no hace más que añadir desasosiego a los miles de afectados en el Archipiélago, donde la figura del fijo discontinuo es fundamental en la economía turística.
Para tratar de aclarar las cosas, el Govern ha pedido informes jurídicos y una evaluación del impacto que tendrá el decretazo en Balears, donde ha sido acogido con preocupación y donde ya se preparan acciones para recurrir la medida ante el Tribunal Constitucional.
Cabe preguntarse ahora si la reforma del desempleo era tan urgente como para escoger necesariamente la figura del decreto ley y si no se trata, más bien, de una medida de fuerza del Gobierno para amedrentar a los sindicatos que, a la postre, no hará más que perjudicar a los trabajadores afectados.
Acabar con las corruptelas y fraudes relacionados con el desempleo es necesario, todo el mundo lo sabe, pero castigar a los trabajadores honrados por ello y minimizar las prestaciones no son el camino más adecuado. Las consecuencias las veremos a la larga.