El Govern está estudiando el anteproyecto de ley reguladora del crecimiento urbanístico, más conocida como ley de cupos, que pretende poner en orden el acelerado ritmo de construcción que en los últimos años se ha apoderado de las Islas. La idea básica es que en los últimos diez años la urbanización de Balears ha crecido en un 18'4 por ciento y en el último cuatrimestre, un 8'5 por ciento, aunque en crecimiento anual desde 1998 a ahora ha sido del dos por ciento. Unas cifras del todo insostenibles si miramos hacia el futuro con un mínimo sentido de la responsabilidad.
El planteamiento de esta ley parte de esta base para llegar a la conclusión de que hay que regular el crecimiento poniendo límites porcentuales sobre la edificación ya existente. Así, partiendo del número de edificios, se darán licencias para crecer hasta un uno por ciento en cada localidad "comenzando por un 1'5 por ciento en 2003 para rebajar la cifra más adelante", aunque favoreciendo ligeramente al interior sobre la costa.
Es una fórmula tan aceptable como otra cualquiera si realmente consigue poner freno al extraordinario crecimiento de los últimos tiempos, sin perjudicar a la ciudadanía. Con la ventaja añadida de que este plan ofrece cierta flexibilidad a los Consells Insulars a la hora de regular el asunto, introduciendo modificaciones puntuales de carácter temporal, espacial o funcional por razones de reequilibrio territorial. Y además deja fuera de la norma a las viviendas de protección oficial, así como a residencias de ancianos o colegios mayores.
Así que, si prospera, puede constituir una solución aceptable que permita devolver a las Islas el equilibrio perdido, con criterios claros de sostenibilidad ambiental y social.