Cuando apenas quedan diez días para la huelga general del 20 de junio, los sindicatos plantean ya de forma definitiva la actitud que adoptarán a lo largo de esa fecha. Si bien se muestran dispuestos a respetar los servicios mínimos en áreas cruciales como la sanidad o el transporte, también anuncian que cualquier servicio relacionado con el turismo no será considerado relevante.
Una respuesta que nos remite a las escenas vergonzosas que se multiplicaron en verano pasado con motivo de la huelga de transportistas que convirtió los aeropuertos de Balears en un campamento nómada propio del tercer mundo. Una imagen lamentable que, de seguir así las cosas, podría repetirse ahora.
Es cierto que la infraestructura turística es privada y afecta a ciudadanos que se encuentran de vacaciones, pero hay que tener en cuenta que, en el caso de Balears, el turismo es la primera y prácticamente única industria y que, como tal, debe considerarse de elevadísima importancia. Tanto al menos como para meditar sobre la necesidad de decretar unos servicios mínimos que garanticen una aceptable normalidad en un sector primordial para todos.
En caso contrario, que será lo que probablemente ocurra, volveremos a convertirnos en el ojo de un huracán cuyas consecuencias serán difíciles de paliar. La pésima imagen en el exterior, junto a los efectos del 11 de septiembre y el flojo inicio de la temporada turística pueden formar un cóctel peligroso para la economía balear.
Y la huelga se hace, suponemos, contra el Gobierno central y su política de empleo, no contra los ciudadanos de estas Islas y su principal medio de sustento. Si los líderes sindicales no lo remedian, una vez más todos saldremos perdiendo.