Nuevamente el juez Baltasar Garzón ha conseguido la notoriedad que tanto le gusta con un auto tan polémico como aplaudido. Adelantándose a las consecuencias que podría tener la Ley de Partidos promulgada por el Gobierno, el famoso magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido embargar los bienes de Batasuna para cubrir las responsabilidades civiles que se derivan de los destrozos de la kale borroka que protagonizan jóvenes incontrolados.
Y ahí es precisamente donde está el problema, en establecer relaciones jurídicas entre estas bandas juveniles que actúan de forma violenta, algunas por su cuenta, otras bajo las siglas de Segi "organismo alegal", y la coalición abertzale, que ya ha anunciado que no va a pagar los 24 millones de euros que Garzón le exige para eludir el embargo.
El juez asegura que todos los organismos abertzales están imbricados en la misma red y por eso actúa contra la cabeza visible, a pesar de que dichos lazos son muy difíciles de demostrar en la práctica, lo que puede conducir "no sería la primera vez" a que otro juez invalide su decisión.
Pese a ello, la mayoría de partidos políticos y asociaciones de magistrados se han mostrado a favor de la medida, en cuanto viene a poner límites a una situación intolerable, como era la constante agresión sin que nunca hubiera detenidos ni culpables. Quizás ahora algunos se lo piensen dos veces antes de incendiar un autobús o destrozar un cajero automático, como sucede cada fin de semana en casi todos los municipios vascos, amedrentando a la población. Hay incluso quien aplaude la idea porque viene a confirmar que nuestro Código Penal se basta solo para ilegalizar a quienes cometen delitos, lo que haría innecesaria la Ley de Partidos.