El casi desmesurado aumento de precios registrado en los últimos tiempos en el mercado inmobiliario español viene generando una polémica entre quienes hablan a las claras de una burbuja inmobiliaria "de esas que si revientan pueden dar al traste con el conjunto de la economía", y los que lo reducen todo simplemente a un problema de sobrevaloración. Sea como fuere, y a la hora de explicar aumentos tan formidables como el de un 15% en los últimos 12 meses, es conveniente ante todo analizar las causas que han conducido al actual estado de cosas.
Por encima de cualquier otra está la indiferencia del Gobierno respecto a la cuestión. Las medidas teóricamente liberalizadoras adoptadas por el Ejecutivo no sólo no han dado los resultados previstos, sino que están en el origen de los enormes aumentos registrados en el valor del mercado.
El problema es de envergadura social, especialmente si tenemos en cuenta que las familias españolas han alcanzado ya un nivel de endeudamiento del 77% de su renta bruta, y de ese total los créditos para adquirir viviendas suponen un 40%. Aquí podría llegar a ocurrir lo que sucedió la pasada década en el Reino Unido, o México, en los que el valor de mercado de las viviendas llegó a ser inferior al importe de la deuda hipotecaria contraída para adquirirlas. Cierto que hoy la fuerte demanda en el mercado inmobiliario está tras el encarecimiento de los precios. Y que la implantación del euro motivó el que saliera a la superficie una cantidad importante de dinero negro que en buena medida se dirigió hacia el mercado inmobiliario.
Pero no lo es menos que el Gobierno no puede permanecer impasible ante una situación tan delicada, en la que la especulación campa a sus respetos, corriéndose el riesgo de un verdadero colapso económico.