El último atentado de ETA ha tenido el efecto de unir a todos contra el terrorismo. Ya era hora. Excepto Batasuna, que ha demostrado una vez más el rostro inhumano del fascismo. Tras la decisión de Arnaldo Otegi no sólo de negarse a condenar el brutal asesinato de una niña de seis años y de un hombre, sino de responsabilizar del crimen al presidente del Gobierno, José María Aznar, el mecanismo judicial para ilegalizar la coalición abertzale se ha puesto en marcha. El Gobierno ha remitido a la Fiscalía General del Estado toda la documentación, aunque parece que el silencio no bastaría para llevar a cabo la prohibición del grupo político, pero podría interpretarse como toda una «declaración de intenciones» que justificara el proceso.
Como era de esperar, algunas voces "sobre todo desde el País Vasco" se han pronunciado ya en contra de la ilegalización de Batasuna y otras han mostrado serias dudas, como la de un sindicato policial. No sin razón, el portavoz de este colectivo asegura que prefieren tener controlados a los dirigentes abertzales, en sus sedes, que escondidos en la ilegalidad, porque con esa situación resultará todavía más difícil combatir el terrorismo.
Nadie sabe a ciencia cierta qué dificultades nuevas pueden añadirse a la lucha contra el terror, pero lo seguro es que una vez que Batasuna sea ilegal la práctica habitual de amenazas, miedo y chantajes que se vive a diario en Euskadi pertenecerá al ámbito del delito puro y duro y no, como ocurre ahora, al mundo de la política. Pese a todo, el Gobierno y los partidos que respaldan estas decisiones deben meditar muy bien los pasos a seguir para darlos con firmeza y no terminar "como ha ocurrido con algunas medidas judiciales" desandando el camino una vez emprendido.