. No hay ninguna duda a estas alturas del año de que la gran preocupación de los ciudadanos de las Pitiüses ha pasado a ser la inseguridad ciudadana, en sus múltiples facetas. Probablemente no queda un solo ibicenco que no haya tenido en los dos últimos años alguna experiencia de primera mano de lo que supone el aumento de la delincuencia en dos islas que parecían haber quedado al margen de lo que parece asolar otras poblaciones del país, un problema que está previsto que se convierta en la gran lacra de las próximas décadas .
De momento, como en el resto de España, vemos que el Gobierno central ha anunciado un intenso plan de choque para hacer frente a una exigencia cada vez más intensa de las familias españolas, pero son promesas que tardarán en hacerse realidad y en dar sus frutos. Por eso no estaría de más que se adoptaran, mientras, medidas de transición que aumenten la efectividad de las fuerzas del orden y, lo que es aún más aconsejable, disuadan a los malhechores de cometer los delitos que nos amargan la vida. Lo que vivimos, está claro, es un problema mucho más complejo que una simple cuestión policial, pero tampoco hay que olvidar que nada justifica una invasión extraña en nuestro entorno más sagrado, sea éste la integridad física y la de nuestros hogares y familias. Sería conveniente reorganizar el funcionamiento de los cuerpos de seguridad, adecuarlo a normas de servicio de mayor efectividad; también hay que exigir celeridad en la resolución judicial de los casos, porque no la justicia tardía no es justicia. Y, por supuesto, hay que hacer una urgente llamada a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Esa responsabilidad, por cierto, es la que debería evitar la carrera política por abanderar la lucha contra la inseguridad que estamos viviendo en nuestro pequeño entorno.