El pasado sábado Bilbao se convirtió en el escenario de una provocadora manifestación, desautorizada por el Gobierno vasco y el juez Baltasar Garzón. Fueron miles los manifestantes, hablan de 50.000. Entre ellos, varios dirigentes de Batasuna, que convocaron la manifestación con el lema 'Gora Euskal Herria'. Debe quedar claro que la manifestación se desautorizó precisamente porque detrás de los convocantes estaba Batasuna y no por las ideas que se iban a defender.
El balance es el sabido: cuatro personas detenidas y una veintena de heridos. Nadie debería alarmarse en exceso por el resultado porque ahora el País Vasco y Navarra van a «sufrir» las lógicas consecuencias de la suspensión de actividades de Batasuna decretada por el juez Garzón y la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, una ley que no gusta a todos, pero que fue aprobada por la mayoría del Congreso de los Diputados. ¿Qué debería haber hecho la Ertzaintza cuando, pese a la prohibición, se produjo la concentración de los manifestantes? El PP ya ha criticado al Gobierno vasco por no haber sabido atajar la manifestación desde un primer momento, pero hay que tener en cuenta que cuando se habla de 50.000 personas se debe actuar con suma prudencia. Se debe hacer cumplir la ley, pero no a costa de una batalla campal fuera de control con docenas de heridos. Obviamente, los responsables de lo sucedido serían los convocantes, pero en estas circunstancias hay que evitar añadir más motivos de tensión. Batasuna proseguirá su estrategia de confrontación. Ante ella, los demócratas, nacionalistas o no, deben establecer acuerdos para erradicar la violencia y garantizar el derecho a la vida, pero respetando el derecho a la legítima discrepancia ideológica y sin pretender adhesiones incondicionales.