El «caso Bitel» vuelve a Mallorca después de que el Tribunal Supremo haya estimado que no hay indicios de delito como para imputar al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, en la investigación del presunto espionaje político. Será la Justicia balear la que dilucide finalmente este controvertido asunto y decida si abre juicio oral contra los otros imputados o archiva el caso. Queda, probablemente, un largo camino procesal que pasará por la Audiencia Provincial y por el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, que archivó en su día el caso, pero cuya decisión fue revocada por la Audiencia.
El desenlace está en el aire, pero ha perdido mucho calado político una vez que Matas queda al margen. A partir de aquí se pueden hacer distintas conjeturas, pero parece muy difícil que una vez Matas deje de ser ministro se le pueda imputar, salvo que se produzcan revelaciones que den un giro total a la investigación. El único peligro para el PP es que, como sucedió en el «caso Calvià», pueda abrirse un «caso Bitel 2».
Hoy por hoy, lo único irrefutable es el auto del Supremo, en el que se afirma que «no se ha podido acreditar, siquiera indiciariamente, la realidad del hecho delictivo». Los magistrados se decantan claramente por la hipótesis del error humano en el redireccionamiento del correo electrónico. Ciertamente, y aunque se pueda acusar a Matas de aprovecharse de unos mensajes llegados por error, no se ha probado que ordenara el espionaje.
Como era previsible, se han producido las habituales acusaciones y contraacusaciones por parte del PP y el Pacte, conscientes todos ellos de que todavía falta la resolución del Tribunal Supremo sobre el «caso Formentera». Cuando se sepa la segunda decisión del Alto Tribunal, el panorama político puede quedar mucho más claro. De momento, la historia no ha terminado.