Por primera vez la Justicia española ha prohibido a un ciudadano de Catalunya tener perro "de cualquier raza" durante los próximos tres años, porque el animal de este individuo, un pit bull, considerado peligroso, atacó gravemente a dos personas. Es, sin duda, una decisión ejemplar que debería extenderse a muchos más casos.
Los hechos ahora condenados por un tribunal barcelonés ocurrieron cuando el perro iba por la calle sin bozal y sin cadena, de idéntica manera a como lo hacen otros muchos en cualquiera de nuestras calles y plazas, provocando el lógico temor entre los ciudadanos y ninguna reacción por parte de las autoridades. Es un asunto lamentable que colea desde hace ya varios años, cuando un desgraciado suceso le costó la vida a un niño de cuatro años en Can Picafort. La conmoción que provocó aquel ataque brutal se extendió con rapidez por todo el país y fueron muchas las reacciones indignadas que, a la postre, han presionado para que se apruebe la ley actualmente vigente que exige una licencia municipal a los propietarios de este tipo de animales y salir airoso de un test psicológico que certifique que el perro peligroso no podría ser utilizado por su dueño como un arma.
Es un avance, ciertamente, pero en este país estamos ya demasiado acostumbrados a contemplar cómo las leyes se infringen una y otra vez sin que se tomen medidas drásticas. A diario vemos perros de estas razas consideradas peligrosas campando a sus anchas por la calle, sin bozal "casi ninguno lo lleva" y muchas veces sin cadena siquiera, ante la pasividad de sus dueños y el temor de los transeúntes. Sería imposible denunciar cada caso. Ahí es donde debemos exigir una presencia policial mucho más notoria y, en casos como éste, inflexible.