La última huelga general en este país se celebró en junio pasado. Han transcurrido más de tres meses y ahora se anuncia una movilización sindical para mañana en Madrid y una reunión entre el nuevo ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y los sindicatos el próximo lunes, cuando el texto todavía no ha entrado en su tramitación parlamentaria. Una contradicción que podría muy bien haberse evitado tiempo atrás.
Porque los últimos tiempos han sido los del «rodillo» gubernamental, en los que el Ejecutivo de José María Aznar con su mayoría absoluta ha preferido prescindir de las opiniones ajenas para lanzarse en picado hacia decisiones muy discutidas por la ciudadanía.
El «decretazo» es una de ellas y aunque el Gobierno se empeñó el 20-J en decir que «no hay huelga», lo cierto es que cientos de miles de españoles se sintieron agredidos por el recorte de algunos de sus derechos relacionados con el desempleo.
Ahora Zaplana estrena un nuevo talante en el Ministerio de Trabajo y abre sus puertas a los sindicatos, aunque quizá las expectativas creadas sean ilusorias. El «decretazo» tiene todavía pendiente su paso por el Parlamento y quizá ahí el grupo mayoritario se avenga a «flexibilizar» los puntos más conflictivos de la reforma.
Los empresarios "con su presidente, José María Cuevas, a la cabeza, desde Palma" abogan por mantener intacto el espíritu de la reforma, puesto que les supone ahorrar costes en los despidos.
Al final lo que importa es que cientos de miles de personas sufren en nuestro país situaciones angustiosas provocadas por el desempleo y en nada les beneficia una «guerra» abierta entre sectores. Una vez más, el diálogo y la negociación se imponen.