La reunión entre el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, y los principales líderes sindicales se saldó con una valoración positiva por parte de estos últimos ante la revisión de algunos de los puntos más polémicos del llamado «decretazo», aunque esto no ha agradado en demasía a la patronal.
Zaplana, como principales armas, volvió a poner sobre la mesa, si bien no de una forma total, el salario de tramitación y que los fijos discontinuos puedan percibir la prestación por desempleo.
De todos modos, lo que cabe pensar frente a lo acontecido en los últimos días es que el Gobierno de Aznar bien hubiera podido evitarse el empecinamiento que le condujo a una huelga general haciendo gala de un talante más abierto y dialogante. Eso es simplemente lo que ha sucedido, pero habría que preguntarse cuáles son las razones que han movido al Ejecutivo a este cambio de dirección en materia laboral.
La respuesta podría estar en el hecho de que los indicadores económicos ya no son tan favorables como hace unos años y el descontento empieza a hacer mella en el electorado. Lo peor que podría hacer el Gobierno es echar por la borda la paz social.
En estos momentos de desaceleración económica, pese a que nuestro crecimiento sigue siendo el mayor de la Unión Europea, es bueno que exista acuerdo en cómo y de qué manera debemos afrontar el futuro, naturalmente sin perder los avances sociales conseguidos a lo largo de años, pero dentro del más estricto equilibrio y con una normativa que permita evitar el fraude. No es tarea fácil, pero el primer paso era sentarse a hablar, a dialogar, sin la cerrazón de hace unos meses y eso se ha hecho por fin.