El proyecto de reforma de la política agraria comunitaria viene siendo objeto de agrias discusiones en el seno del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. La reducción de las ayudas y el descenso de los precios garantizados son básicamente los moitvos que causan un enfrentamiento de posturas entre los responsables de la UE y los respectivos representantes de los ministerios de los distintos países.Ahora disponemos ya del denominado estudio de impacto, presentado recientemente por nuestro ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.
Los datos de dicho estudio,recientemente presentado, no pueden
resultar más alarmantes.
De prosperar el proyecto de reforma, en España dejarán de
cultivarse 1'75 millones de hectáreas- casi el 25% de la superficie
agrícola actualal tiempoque se perderán más de un millón de
jornales anuales.Los márgenes brutos de los cultivos de secano se
reducirán entre un 20% y un 80%, mientras que los cultivos de
regadío sufrirán una pérdida de rentas del 15% al 30%.Todo ello se
debería a la reducción de las ayudas, al descenso de los precios
garantizados, como ya hemos apuntado, y a una desvinculación de las
ayudas de la producción real. En conjunto se produciría un abandono
de cultivos tan fundamentales y enraizados en la producción de
nuestro país como la cebada o el trigo, al establecerse que
carecerán de interés económico aquellos cultivos con rendimientos
inferiores a 2'5 toneladas por hectárea.
No creemos decir nada nuevo al afirmar que desde su ingreso en Europa, España viene siendo objeto de un trato, sino discriminatorio, extraño, en todo lo referente al sector agropecuario. Los intereses de otros países-recuérdese el asunto de los lácteos con Francia- más caracterizados en el marco continental, priman sobre los nuestros. Hora sería que ello dejara de ser así. Especialmente en momentos como los presentes,en los que expertos de distintas disciplinas abundan en la idea de potenciar la agricultura como una reserva ante lo que depara un incierto futuro exto...