El presidente del Gobierno afirmó ayer, durante la Pascua Militar, que la ofensiva contra el terrorismo y la delincuencia se va a llevar adelante aunque no exista consenso.
Cada vez existe una mayor sensación de inseguridad y es preciso que se adopten las medidas necesarias para poner coto a los comportamientos delictivos. Y es, además, fundamental que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuenten con los medios legales y policiales suficientes para hacer frente a la barbarie del terror.
Ciertamente, no es lógico ni razonable que los reincidentes entren y salgan de las comisarías y prisiones constantemente y que vuelvan a cometer todo tipo de tropelías. En este sentido, hay que agilizar la maquinaria judicial para lograr que comparezcan rápidamente ante los jueces los acusados de delitos que provocan mayor alarma social y, sobre todo, los reincidentes. Pero siempre con dos salvedades: respetando siempre todas las garantías procesales y sin olvidar que deben arbitrarse los mecanismos precisos para ayudar a los que muestren su deseo de rehabilitarse de una manera fehaciente y clara.
Nadie puede pretender que se vuelva a instaurar la cadena perpetua, pero cabe subrayar los aspectos positivos de la iniciativa del Gobierno tendente a ampliar hasta 40 los años de privación de libertad para los condenados por delitos de terrorismo. Sólo aquellos que demuestren su arrepentimiento y colaboren activamente en la lucha contra el terrorismo podrán tener derecho a reducciones de pena.
Estando de acuerdo con las líneas básica de la reforma, lo que inquieta es el actual talante de Aznar, que lejos de esforzarse por lograr consensuar las nuevas medidas con el resto de las fuerzas políticas, parece dispuesto a utilizar el rodillo parlamentario, el mismo rodillo que, en su día, criticó al Gobierno de Felipe González.