Las últimas declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, sobre la diferenciación entre comunidades históricas y no históricas en el proceso autonómico ha provocado una nueva oleada de indignación, especialmente en el mundo nacionalista.
Aunque asegura Jiménez de Parga que no era su intención ofender a nadie, lo cierto es que lo ha hecho y mucho. Pero más, probablemente, por enfocar de forma errónea su conferencia que por ánimo de insultar a vascos, catalanes y gallegos.
Porque la temática tratada por Jiménez de Parga en su discurso fue la historia de las regiones españolas y, sin duda, historia tienen todas ellas y de muy importante calado, además. Como él dijo, quién puede negar la profundidad de la historia de Andalucía, por ejemplo, de Asturias, de Valencia, de Castilla-León... Hacerlo sería ridículo. Pero también lo es creer que las llamadas comunidades históricas lo son por su trayectoria histórica. Pues ni Galicia ni Catalunya ni el País Vasco han fundamentado su acceso a los privilegios autonómicos de que disfrutan en base a su recorrido histórico a través de los siglos, sino porque en su día -durante la II República- ya accedieron a sus propios estatutos de autonomía, proceso que quedó dramáticamente zanjado con la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.
Cuarenta años de represión contra la cultura, el idioma y la personalidad propios dejaron a estas regiones -especialmente a vascos y catalanes, mucho más activos en su defensa de lo propio- en una posición distinta a la del resto de los españoles -sobre todo andaluces y castellanos-, cuya cultura fue, digamos, la vencedora e intentó imponerse de forma uniformizadora al resto del país.