Más allá de otras razones de índole diversa, la opinión pública española lleva ya un tiempo preguntándose cuáles pueden ser los motivos de naturaleza práctica que llevan a Aznar a rendir esta incondicional pleitesía a Bush, secundando sus planes de guerra. Dicho de otra manera, la gente querría saber lo que España va a sacar en claro de un asunto tan reprobable desde otros puntos de vista. Obviamente, la respuesta no se halla lejana a la posibilidad de obtener beneficios en materia energética. Falta haría, ya que en este momento nos encontramos en nuestro país en una situación límite. Los carburantes han subido en el último año casi el doble que la inflación, teóricamente a consecuencia del alza de la cotización del crudo y de sus derivados en los mercados internacionales.
Repasemos la crudeza de las cifras: la gasolina sin plomo acumula un crecimiento superior al 7%, mientras que el gasóleo ha visto incrementar su precio alrededor del 5%; por su parte, la tasa interanual de inflación -de noviembre del 2001 a noviembre del 2002- está en el 3,9%, y la acumulada en lo que va de año, en el 3,7%. Dichos precios se aproximan a los niveles máximos alcanzados a finales del 2000 como consecuencia del incremento del crudo y de una huelga de transportistas que provocó desabastecimientos en las gasolineras de toda España. Lo peor del caso es que los expertos pronostican nuevos aumentos en el precio de los carburantes, debido al disparo en la cotización del crudo. ¿Camina la política del Gobierno en esta dirección? Y nos referimos a la posibilidad de un control de precios en materia energética a costa de brindar un cuestionable apoyo a las aspiraciones bélicas de Washington. El tiempo lo dirá. No obstante, el precio que se puede ver obligado a pagar Aznar por semejantes apaños quizás pertenezca a la categoría de los que no compensan.