La declaración de servicio público para los vuelos entre las Islas es inminente. Tanto que, probablemente, será un hecho antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Ante este significativo paso adelante, los partidos políticos intentan ahora «ponerse la medalla», cuando al ciudadano, en realidad, le importa bien poco de quién es el mérito, siempre que el objetivo se cumpla.
Y parece que así va a ser, aunque sea por fases. Primero se conseguirá que los vuelos entre las Islas gocen de unas frecuencias fijas -establecidas por la Administración- y, no menos importante, de unos precios máximos que las compañías deberán respetar. Si como sucede en Canarias, las compañías aéreas están dispuestas a cumplir esas condiciones, no será necesario convocar concurso alguno. Bastará, simplemente, la declaración.
Es sin duda una excelente noticia, especialmente para los ciudadanos de Menorca y las Pitiüses, que a menudo se veían discriminados a la hora de trasladarse a Palma, y también para los mallorquines, que encontraban ciertas dificultades para hacer lo propio hacia las otras islas.
Sin embargo, el grueso está todavía por decidirse. Se trata de la declaración de servicio público de los vuelos entre las Islas y la Península, que se deja para más adelante, seguramente por su complejidad. Porque a nadie se le escapa que Palma -y no digamos Eivissa o Maó- están francamente mal -o nada- comunicadas con algunas capitales importantes, mientras que con las más habituales, Madrid y Barcelona, en ocasiones las tarifas son escandalosas. De ahí que el Govern se felicite por el camino andado, pero haga un llamamiento a seguir avanzando, especialmente por la senda del aumento de los descuentos para los residentes, que deberían establecerse en un 50 por ciento, frente al insuficiente 33 por ciento actual, en vista de que los precios han subido de forma imparable en los últimos años.