La decisión del Consell pitiuso de instar a la Conselleria balear de Medi Ambient, en manos de la formación ecologista Els Verds, a que retire la norma que proscribe una gran cantidad de hamacas en las playas de la reserva natural de ses Salines supone un nuevo capítulo de desorganización general de la izquierda balear, incapaz de mantener una postura homogénea en sus decisiones en todos los ámbitos en los que ésta gobierna. Todo esto tiene su origen en el reparto de áreas en el seno del Govern balear, fruto de las negociaciones entre partidos y que ha creado en cada uno de los departamentos autonómicos una independencia que, en el ámbito de lo práctico, impide que la política que se desarrolla se atenga a unos únicos dictados de la lógica, sino a varios, dependiendo de quién esté a su cargo. La Conselleria balear de Medi Ambient es un ejemplo constante, pero también lo son, a otro nivel, las de Educació, en manos del PSM, o Benestar Social y Treball, en las de Esquerra Unida. Una vez parapetados sus cargos políticos en estos departamentos, están demostrando no admitir más influencia que la propia de sus filas, y eso es preocupante. Els Verds han entrado en Eivissa en una dinámica extraña, que responde a su necesidad de sobrevivir fuera de aquel lejano acuerdo de 1999, y para hacerlo ponen toda la carne en el asador, pese a encontrarse con una amplia oposición que incluye a sus socios en el Gobierno balear y a sus ex socios, si lo miramos desde la óptica local. Lejos ya de entrar en el tema en sí de si son veinte o trescientas las hamacas que deben permitirse en el parque natural, lo que más preocupa es la escasa capacidad de las instituciones locales de influir en la toma de decisiones que afectan a su ámbito de influencia. Lo único que se demuestra es la extrema fragilidad con la que se fraguan las normas que determinan nuestras vidas.
Editorial
Instituciones enfrentadas, ciudadanos asombrados