Cuando quedan dos días para las elecciones, el presidente del Gobierno, José María Aznar, presenta un decálogo de medidas destinadas a favorecer el acceso a la vivienda para unos ciudadanos que han contemplado, atónitos, cómo precisamente durante los últimos siete años -que son los que lleva el PP gobernando- los precios se han disparado hasta multiplicarse por tres. Entre estas medidas se encuentra la deducción fiscal por alquilar, algo que en su día estaba vigente e, inexplicablemente, se eliminó; y se incluyen algunos puntos interesantes, como la supresión del impuesto sobre donaciones de padres a hijos y la reducción de algunas tasas relacionadas con la compraventa de viviendas.
En un segundo bloque se afronta la necesidad de promover suelo público para la construcción de viviendas protegidas, una asignatura pendiente que debía haberse resuelto años atrás, y no precisamente a escasas horas de una convocatoria electoral.
Como era de esperar, partidos de la oposición y sindicatos han criticado el espíritu de esta reforma -por considerarla insuficiente, tardía y sin dotación presupuestaria-, aunque coincidan en la necesidad perentoria de abordar un tema que, hoy por hoy, constituye uno de los principales quebraderos de cabeza de la ciudadanía, especialmente la más joven.
Pese a lo razonable de las medidas propuestas por Aznar, el precio de la vivienda no bajará con medidas fiscales y buenas intenciones. Siendo como es un asunto de trascendencia debería plantearse en términos de consenso en el Parlamento, de forma que se evite la tentación de cambiar la normativa cada cuatro años. Y, además, incidiendo en la necesidad de estabilizar el empleo, clave para garantizar cierta normalidad en el pago de unas hipotecas millonarias.