Años atrás se empezó a advertir en este país del peligro que suponía el judicializar la política, mientras que hoy somos quizás más conscientes del riesgo que supone el politizar la justicia. La realidad, la fuerza misma de los hechos, nos ha llevado a ello, cuando verdaderamente ninguno de los dos extremos es deseable y equivalen a sendas tentaciones en las que una sociedad equilibrada no debe caer. El escándalo desatado por lo sucedido en la Asamblea de Madrid fuerza ahora más que nunca a estas reflexiones, especialmente tras el giro experimentado por los acontecimientos en los últimos días.
La no admisión a trámite de la querella presentada por el PSOE ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es algo que tiene una vertiente penal en cuyas consideraciones técnicas, su escasa consistencia, su deficiente presentación o la premura empleada en la misma el ciudadano común no tiene por qué entrar, más allá de lo que signifique sustentar una respetable opinión personal. Pero lo que sí tiene derecho a exigir ese ciudadano es una investigación a fondo de este posible caso de corrupción, algo que resultaría muy problemático en el caso de darse carpetazo definitivo al asunto. Entendemos que, aquí, la exigencia social es de tanta importancia, o aun mayor, que la penal, admitido que difícilmente se llegaría al fondo de la cuestión de mantenerse la una sin la otra.
Dado lo pernicioso del atentado sufrido por el sistema democrático en sí mismo, es la sociedad española la que reclama investigación e información, más allá de la depuración de responsabilidades que tras ellas pueda darse. No estamos solamente ante un problema que atañe a los dos principales partidos del país y, por tanto, harían muy mal sus responsables en tomarlo como tal, utilizando de forma sectaria cualquier resolución judicial. Puesto que el derecho que tiene la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido está muy por encima de toda pretensión o estrategia partidista.