La polémica que ha surgido en torno a la filtración parcial del informe presentado por el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jorge Dezcallar, no deja de llenar de asombro a los ciudadanos. El jefe de los espías españoles, según la frase sacada de contexto, fue muy prudente. Se limitó a decir que el CNI no tenía constancia de una relación directa entre Al Qaeda y Sadam Husein. La pregunta es: ¿Debía tenerla?
Nuestros servicios de inteligencia, por lo que sabemos después de que Perote hubiese sacado en almoneda muchos secretos del antiguo CESID, tienen como prioridad la investigación sobre la organización terrorista más próxima, que es ETA, así como la política interior. El mundo islámico, al parecer, les cae a contramano, como se demostró con la ocupación marroquí del islote de Perejil, de la que el Gobierno español no se enteró por sus servicios secretos, sino por la prensa.
Tampoco uno de los servicios secretos más prestigiosos, la CIA, hizo un brillante trabajo, ni en torno al atentado del 11 de septiembre, ni con respecto a la guerra de Irak, ni con relación al conflicto de Oriente Próximo. En todos estos casos no falló la abundancia de la información sino su interpretación, condicionada tal vez por un cristal ideológico o por luchas intestinas de poder político.
La filtración del informe de Dezcallar por parte de agentes secretos o de representantes electos (no había nadie más en la sala) mueve a serias consideraciones. La primera, si los servicios secretos sirven para algo y, segunda, en caso de servir, si la revelación de presuntos secretos de Estado no debería acarrear consecuencias graves para los infractores. Un funcionario o un político capaz de traicionar la confianza del Estado no merece ocupar el cargo. Si un político, por afán de poder, quiebra la promesa del secreto estatal, ¿cómo se puede confiar que cumpla las promesas electorales o el juramento de fidelidad en el ejercicio del cargo? Cuando se violan determinados principios, se está minando la democracia y el Estado de Derecho.