La Mesa del Parlamento vasco, con los votos favorables de PNV, EA e Izquierda Unida, aprobó ayer reconocer el derecho de Socialista Abertzaleak (antigua Batasuna) a recibir subvenciones, decisión ésta que va contra los autos que ha dictado hasta el momento el Tribunal Supremo sobre este asunto. Y, además, el Gobierno vasco ha decidido demandar al Estado ante el Tribunal de Estrasburgo por considerar que la Ley de Partidos vulnera derechos fundamentales. Con ello, la tensión entre Vitoria y Madrid no hace más que incrementarse y poner las cosas cada día más difíciles.
Nadie puede discutir la legitimidad de recurrir a Estrasburgo para dirimir estas cuestiones, pero llama la atención que desde el Ejecutivo vasco y desde el Parlamento de Vitoria se adopten medidas con la única finalidad de devolver prerrogativas a quienes no han hecho más que, en el mejor de los casos, hacer oídos sordos a los brutales asesinatos de inocentes que ha cometido ETA o, en otros momentos, aclamar como mártires a los terroristas «muertos en acto de servicio». No deja de ser un sarcasmo. Esto, claro está, se suma al anuncio realizado por Juan José Ibarretxe de abrir un debate sobre su plan soberanista «pese a quien pese».
De la impresión de que, aunque es verdad que José María Aznar y todo su Gobierno han sido opacos a cualquier cambio en Euskadi incluso más allá de lo que sería deseable, los nacionalistas del PNV han dejado de lado la realidad para instalarse en una ficción que les lleva al permanente enfrentamiento no ya con las instituciones establecidas, sino incluso con la misma Justicia en un peligrosísimo pulso que no conduce a nada. Parece pues más necesario que nunca reconducir la situación política en Euskadi e instalarla dentro de los límites de la lógica.