El Gobierno ha dado un paso más en la tarea de reducir las dramáticas listas de fallecidos y heridos en los accidentes de tráfico en nuestro país. Después de un verano especialmente trágico, las cifras de muertos que se cobra cada año la carretera son un lastre que -aunque ha mejorado a lo largo de los años- una Administración pública no debe tolerar.
De ahí que se aprueben ahora una serie de medidas tendentes a mejorar la seguridad en las vías, aunque en opinión de algunos la reforma llevada a cabo llega tarde y con pocas novedades, amén de dejar en el arcén otras medidas reclamadas por los expertos.
Así, por ejemplo, hay que aplaudir las exigencias de mayor seguridad para ciclistas y niños y la calificación de falta muy grave para la conducción bajo los efectos del alcohol y de la droga. Pero se echa de menos la incorporación de sanciones más fuertes a quienes incumplan el código de circulación de forma reiterada y quizá parezca algo exagerada la obligatoriedad de llevar un chaleco reflectante para casos de emergencia cuando ya se exige el uso de los triángulos señalizadores.
De cualquier forma, todas y cada una de las medidas que se adopten con la intención de evitar accidentes de tráfico o de minimizar sus gravísimas consecuencias deben ser bienvenidas, pero da la impresión de que el texto aprobado ayer se limita a poner en orden viejas obligaciones y a incorporar algunos detalles, dejando de lado una profunda revisión de las normas de circulación. Pues sólo una verdadera batalla contra las infracciones con toda la dureza de la ley podrá, de una vez, concienciar a los conductores de que, cuando están en la carretera, entre sus manos llevan un arma de doble filo.